Mesa de expertos sobre biometano organizada por el Clúster y LAS PROVINCIAS

El biometano, que para muchos todavía suena lejano, no es una hipótesis de futuro ni una promesa tecnológica por desarrollar; es una oportunidad real para producir energía renovable propia, gestionar mejor los residuos y reforzar la economía rural. Esa fue la conclusión que dejó la mesa de expertos organizada por LAS PROVINCIAS y el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, donde el mensaje fue claro: el potencial existe, la tecnología está probada y el impacto ambiental es positivo; el verdadero desafío está en explicarlo bien y lograr que el territorio lo entienda.

«Es una oportunidad y una necesidad», afirmó con rotundidad Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, al abrir el encuentro. No hablaba de una posibilidad teórica, sino de un desarrollo ya en marcha en otros países europeos. «No se puede decir no por no, sin base científica ni económica», añadió, en referencia a la contestación social que algunos proyectos están encontrando.

A su alrededor, representantes de la administración autonómica, empresas energéticas, tecnológicas y del sector gasista coincidían en que el biometano no es una moda pasajera, sino una pieza más del nuevo tablero energético europeo.

España consume más gas que electricidad a lo largo del año y buena parte de esa energía procede del exterior. En ese contexto, el biometano —gas renovable obtenido a partir de residuos orgánicos— se presenta como una herramienta para reducir dependencia y ganar estabilidad en un escenario internacional incierto.

«El biometano es una palanca fundamental para avanzar en la transición energética», subrayó José Antonio Mata, delegado de Nedgia en la zona de Levante, quien añadió que «el sistema gasista estaba concebido originalmente para un flujo desde la red hacia el consumo, hoy evoluciona para integrar gases renovables mediante múltiples puntos de entrada, lo que obliga ahora a adaptar normas y procedimientos para permitir la inyección de gas renovable en la red».

Pero el impulso no es solo ambiental. «El biometano no se fomenta solo por el clima, sino por la necesidad de no depender del gas ruso o estadounidense», apuntó Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, en referencia a la vulnerabilidad evidenciada durante la crisis energética de 2022, cuando industrias intensivas vieron dispararse sus costes. «España llega tarde, pero llega fuerte», añadió, convencido de que el país cuenta con red gasista desarrollada, residuos suficientes y capacidad industrial para aprovechar esta fuente renovable.

En Europa existen miles de instalaciones en funcionamiento y el ritmo de crecimiento es notable. «La asociación europea de biometano pone a España entre los cinco países con mayor potencial», recordó Iván Esteve, responsable de Reciclaje, Valorización y Economía Circular del ITE. Mata añadió que, según distintos estudios, «somos el tercer país» en capacidad potencial.

El biometano, además, no requiere modificar calderas ni infraestructuras industriales. «Es un gas de aplicación directa», explicó Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy. «No necesitamos cambiar nuestras infraestructuras». Esa compatibilidad con la red existente facilita su integración y permite avanzar sin inversiones adicionales en consumo final.

Pero la jornada no giró solo en torno a la energía. También se habló de economía circular y territorio, porque una planta de biometano no produce residuos; los gestiona.

Las instalaciones trabajan con materia orgánica ya existente —restos agroalimentarios, purines ganaderos o residuos biodegradables— que, sin tratamiento, también generan emisiones y problemas ambientales. «Son centros de bioeconomía circular», defendió Butler. «Transforman residuos en recursos y reducen el impacto ambiental».

El proceso se basa en la digestión anaerobia, una descomposición en depósitos cerrados y sin oxígeno mediante bacterias naturales. De ahí se obtiene biogás que, tras ser depurado, se convierte en biometano. El otro resultado es el digestato.

«El digestato es la materia orgánica que se ha descompuesto dentro del digestor», explicó Butler. «Es un compostaje anaeróbico». Lejos de la imagen de residuo peligroso, es un material estabilizado que puede emplearse como fertilizante orgánico y que no genera los olores asociados al purín fresco.

«El proceso de digestión anaerobia es el que es», apuntó Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. «No hay emisiones de olores». El problema, matizó, suele estar en el transporte si no se gestiona adecuadamente, por ejemplo en las rutas o en la planificación logística.

Jaume Sastre, CEO de EMIN Energy Management, incidió en que «la tecnología es conocida» y que el control de olores y la gestión del digestato son aspectos técnicamente resueltos. A su juicio, el rechazo parte en muchos casos de un desconocimiento inicial. «Lo que falta es participación temprana y una tramitación predecible», defendió.

Butler añadió otro elemento sensible: «No hay macrogranjas en España». Las plantas, insistió, no generan ganado ni amplían explotaciones; gestionan residuos ya existentes. Además, el modelo viable es el de proximidad, ya que transportar residuos a grandes distancias encarece el proceso y pierde sentido ambiental.

Llegados a este punto, si la tecnología funciona y el potencial energético es evidente, ¿dónde está el problema? «El gran desafío está en la aceptación social», reconoció Arguëlles. «No es un problema tecnológico, ni económico». La clave, coincidieron los ponentes, está en la percepción.

«La desinformación es fácil; desmentir es complicado», señaló Blanco. Las instalaciones, recordó, deben superar múltiples informes técnicos antes de ser autorizadas. El procedimiento incluye evaluación ambiental, informes sectoriales, exposición pública y la participación de distintas administraciones.

En la mesa también se abordó la cuestión del control. Las plantas actuales operan en circuito cerrado y cuentan con sistemas de seguimiento y trazabilidad. Butler explicó que hoy existen mecanismos para identificar el origen del residuo y controlar el transporte mediante sistemas de seguimiento. Si una instalación incumple, puede ser sancionada o incluso cerrada.

Pese a ello, el debate público se contamina con frecuencia por bulos o temores no contrastados. «Hay una instrumentalización del miedo», afirmó Butler, en referencia a informaciones que vinculan estas plantas con riesgos sanitarios sin respaldo científico.

La respuesta, según los participantes, pasa por más pedagogía. «Hay que adaptar el vocabulario a la audiencia», apuntó Blanco. «Hay que explicar a los vecinos lo que vas a hacer en la planta y cómo se trabaja en ella».

Esteve reforzó esa idea desde el ámbito tecnológico: «Son infraestructuras de mucho valor que aportan productos de valor a la sociedad». Pero para que ese valor se perciba, debe comprenderse.

Más allá del debate técnico, el biometano tiene una dimensión territorial evidente. Buena parte de la materia prima procede del mundo agrario y ganadero. Gestionar adecuadamente esos residuos reduce emisiones, abarata costes para explotaciones y puede generar actividad económica en zonas rurales, contribuyendo a frenar la despoblación.

En la Comunitat Valenciana existe potencial para alrededor de un centenar de instalaciones, con una inversión estimada cercana a los 1.500 millones de euros y varios expedientes ya en tramitación. El margen de desarrollo es amplio.

Romaguera recordó que en Europa se están desarrollando miles de plantas y que «es el momento del biometano«. Pero insistió en que los proyectos deben implantarse bien, con rigor técnico y diálogo social.

La conclusión fue compartida. El biometano no es una solución aislada ni una promesa abstracta. Es una tecnología conocida que convierte un problema —los residuos— en una oportunidad energética, industrial y territorial. Su desarrollo dependerá tanto de la ingeniería como de la capacidad de generar confianza, explicar con claridad y demostrar, sobre el terreno, que puede formar parte de un modelo más limpio, más autónomo y más resiliente para la Comunitat Valenciana. El reto, insistieron, no es técnico: es social.